La firma Vulcan Materials adquirió una serie de canteras de piedra caliza cerca de Playa del Carmen en la década de 1990, cuando la zona no era un destino turístico tan popular como ahora, pero la devastación ambiental resultó en afectaciones históricas para la región.
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que, además del el predio de Calica, donde una empresa filial de Vulcan Materials explotó la zona para la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo, la compañía también tiene dos mil hectáreas concesionadas más de selva.
«Hay una denuncia internacional, ellos alegan que la clausura fue ilegal y piden que se les paguen mil 500 millones de dólares. Nosotros planteamos lo opuesto: que destruyeron el territorio. Vamos a defender que ya no se pueda seguir usando como banco de material esta zona, además tienen cerca de 2 mil hectáreas más concesionadas y es selva, no es posible permitir que sigan explotando», dijo el mandatario en su conferencia de prensa este viernes desde Quintana Roo.
Además, detalló que «envió una propuesta para buscar un acuerdo» con la empresa, pero «están mal asesorados». «Ellos van a escuchar lo que estoy expresando: les proponemos comprarles todo el terreno, hay un avalúo que haba de entre 6 y 8 millones de pesos. Sólo se vería la forma de poner un centro de diversión, de recreación, en la zona afectada, y el resto sería reserva natural protegida», agregó.
«Siempre hablan de que les preocupa mucho… Qué más apoyo que aceptar nuestro acuerdo. Pero no ha habido respuesta, seguro están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo Gobierno van a poder seguir explotando el banco. Yo les aconsejo que no apuesten a eso, no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisión legal, completamente legal, entonces ojalá y ayuden y haya una respuesta», indicó López Obrador, quien no respondió si expropiaría los terrenos antes de que termine su sexenio, en septiembre de 2024.
Por último, el Presidente hizo un llamado «a los ambientalistas». «¿Dónde estaban? Son los que siempre surgen como hongos luego de la lluvia cuando se trata de programas para el beneficio del pueblo», dijo con sorna. En la conferencia presidencial también se emitió un video donde se dan los detalles de las profundas afectaciones ambientales que la filial del Vulcan dejó en el estado mexicano.
VULCAN EXPLOTA CALICA
La firma Vulcan Materials adquirió una serie de canteras de piedra caliza cerca de Playa del Carmen en la década de 1990, cuando la zona no era un destino turístico tan popular como ahora.
Vulcan desearía seguir exportando la grava, pero le han bloqueado los permisos para hacerlo desde fines del 2018, por lo que pidió un arbitraje en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que todavía no ha sido resuelto.
Las canteras se encuentran cerca de XCaret, una laguna en la que inversionistas privados crearon un parque temático cuya admisión cuesta 100 dólares por un día.
En julio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó en días previos una visita de inspección en el predio La Rosita, de la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica), filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y encontró aprovechamiento indebido de los recursos naturales del país y del deterioro del medio ambiente.
De acuerdo con el comunicado, la Profepa detectó la existencia de “probables daños y deterioros graves a los ecosistemas”, por lo que la institución impuso con base en la legislación ambiental, “la clausura temporal total de todas las actividades y obras realizadas” como una medida de seguridad.
La Profepa señaló que la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado “graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas”.
MÉXICO DENUNCIA ANTE LA ONU
Presentamos a la Alta Comisionada de la #ONU sobre Derechos Humanos, @mbachelet, la denuncia por el desastre ambiental del caso CALICA, en Q. Roo., Méx.
El territorio es de l@s mexican@s, cuidarlo es nuestra responsabilidad.
Venimos a defender la naturaleza y nuestra soberanía. pic.twitter.com/nebERgSgD3
— María Luisa Albores González (@Mary_Luisa_AG) July 4, 2022
También en julio, el Gobierno de México presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company por el desastre ambiental al sur del país.
A través de su cuenta de Twitter, María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anunció que se interpuso la denuncia, misma que fue recibida por la Alta Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“El territorio es de los mexicanos, cuidarlo es nuestra responsabilidad. Venimos a defender la naturaleza y nuestra soberanía”, agregó.
El Presidente mexicano ha presionado a la empresa estadounidense para que acepte administrar un complejo turístico y un muelle para cruceros en una cantera de su propiedad cerca de Playa del Carmen.
PODEROSOS QUERÍAN PLAYAS
Para aprovechar los socavones en Playa del Carmen, generados por la empresa Calica (Legacy Vulcan) tras la extracción de caliza durante tres décadas para exportarla a Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso construir “albercas turísticas” en el predio, a sólo cinco kilómetros del Parque Xcaret.
Sin embargo, de acuerdo con documentos estatales, la idea de instalar un fraccionamiento turístico ya estaba proyectada desde la década de los ochenta y dosmiles. Es decir, desde el Gobierno de Quintana Roo, en manos de algunas de las familias más poderosas de la entidad, los Joaquín y los González, ya se tenía previsto este proyecto.
El Programa de Ordenamiento Ecológico de Cozumel (octubre 2008, página 111) muestra que la Unidad de Gestión Ambiental (A13) regulada, donde se encuentra la mayoría del polígono de Calizas Industriales del Carmen (Calica), tiene el uso predominante de minería, portuaria e industrial, pero los usos compatibles son turístico y comercial condicionados a la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada en el 2000.
Desde Palacio Nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló hace unos días como responsable de dar el permiso de impacto ambiental a Calica el 30 de noviembre de 2000 a la entonces Secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo, lo cual ella negó y precisó que la operación comenzó desde 1986 con permisos locales cuando el Gobernador de Quintana Roo era Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía en el peñismo y medio hermano del actual Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) venció en el 2020, pero desde 2018 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró su banco de material por incumplir las condiciones de ese permiso, por lo que en diciembre de ese año la empresa demandó (CASO CIADI No. ARB/19/1) al Gobierno federal por una indemnización por mil 500 millones de dólares amparada en el T-MEC (entonces TLCAN). Si la empresa no acepta modificarlo a albercas turísticas, se recurriría a Naciones Unidas, dijo el Presidente.
Carabias negó a SinEmbargo tener responsabilidad alguna y mencionó que los permisos se dieron desde la década de los ochenta. En una carta más detallada, abundó que Calica ha extraído material pétreo de Playa del Carmen desde 1986 (antes dijo 1988) con permisos federales y estatales, autorizados por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, de Comunicaciones y Transportes y del Gobierno de Quintana Roo de Joaquín Coldwell.
Carabias expuso que en 1996 el Gobierno estatal de Mario Villanueva Madrid, detenido y extraditado a Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, otorgó autorización a la empresa para ampliar la zona de explotación a dos predios nuevos, La Adelita y Corchalito, y cada cinco años se fue renovando hasta 2016.
Fue hasta el último día del Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) cuando Fedro Carlos Guillén Rodríguez, titular de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental (de la Semarnat), otorgó “en un periodo récord de 36 días” la autorización para ampliar la extracción a ambos predios y usar roca caliza por debajo del manto freático a cielo abierto, práctica que genera pérdida o fracturas del subsuelo, riesgo de hundimientos y contaminación del agua, informó la Semarnat en un comunicado.
En 2017 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó que Calica no estaba cumpliendo con las condiciones de la autorización de impacto ambiental y en enero de 2018 clausuró parcialmente su banco de materiales que exporta a Estados Unidos.
–Con información de Dulce Olvera.
